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RENTISMO Y EXTRACTIVISMO:
EL ARCO MINERO DEL ORINOCO Y SU POLÉMICA CONTROVERSIAL
La minería es una actividad económica, representada por la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y en las diversas inmediaciones de un ecosistema perfectamente variado. La minería es una actividad bastante antigua en el quehacer del hombre y en base a ella se han creado desde poblados hasta economías complejas en distintas partes del mundo. Lo cierto del asunto es que no siempre todo es bueno y progresivo, en muchas ocasiones estas actividades mineras son realizadas de manera imdiscriminada e ilegal, arrasando todo ante ellas y creando un caos total por donde quiera que se practique, tanto a nivel ambiental, social, económico y hasta cultural.
Con el fin de fomentar el debate y que se tome la decisión que mejor contribuya con el desarrollo sostenible de Venezuela, es necesario entender si la minería es una actividad tan devastadora como se teme. Según la Guía para la Evaluación de Proyectos Mineros del grupo ELAW, los proyectos mineros pueden separarse en ocho grandes fases: exploración, desarrollo, explotación de la mina, disposición del desmonte o desecho de roca, extracción del mineral, procesamiento del mineral, disposición de relaves y rehabilitación y cierre.
En julio de 2011, el ex Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías destacó la existencia de una amplia variedad de minerales de alto valor comercial que podrían diversificar la economía de la nación en una importante extensión de territorio de la región Guayanés.
Con el nombre Arco Minero del Orinoco (AMO) fue denominado el Decreto N° 2.248 (Gaceta Oficial N° 40.855) ordenado por el actual presidente Nicolás Maduro Moros el 24 de febrero del año 2016, que autoriza el desarrollo de la explotación minera en un vasto territorio que se extiende por los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, más específicamente al norte de Bolívar y al sur del imponente Rio Orinoco, cuyo valor natural es realmente inmenso para el desarrollo humano y natural de la región.
El Arco Minero es definido de forma calificativa como una extensión de territorio poseyente de un alto potencial minero para su explotación, pues más particularmente se trata de un proyecto de inversión para la sustracción de minerales de importante valor comercial para el país, cuyo territorio será ocupado por decenas y decenas de Transnacionales megamineras. Su extensión territorial se cuantifica en 111.843,70 kilómetros cuadrados, es decir, capaz de duplicar la extensión de la Faja Petrolífera del Orinoco, visto esto desde otra perspectiva, equivale a la suma de los Estados Zulia y Guárico. Esta extensión que será el foco de explotación representa un territorio mayor a países como Cuba, Panamá, Portugal o Bulgaria, por mencionar algunos ejemplos.
El Plan de Inversión involucraría a 35 países de los que solo han sido mencionados Canadá, China, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Estados Unidos, El Congo, Inglaterra, Alemania y Suiza, y a más de 150 empresas de las que sólo han sido dadas a conocer las chinas Camc Engeerering CO. y Yakuang Group, y la canadiense Golden Reserve, que retornó al país luego de ser suspendida su concesión en 2009 por incumplimientos graves en su contrato, esto en consideración del ya extinto Ministerio del Ambiente, quien fue éste mismo órgano a cargo de Ana Elisa Osorio el encargado de retirar las concesiones a la mencionada Gold Reserve y a Crystallex. Por otra parte, el esquema de inversión propuesto para los inversionistas es la creación de empresas mixtas, en las cuales el Estado sea titular del 55% de las acciones y tenga igual porcentaje del total de las ganancias.
Poco se conoce sobre la metodología que emplearán las empresas en la explotación del suelo. El presidente Nicolás Maduro firmó un Decreto que prohíbe absolutamente el uso del mercurio en las actividades mineras en Venezuela. Sin embargo, no ha hecho alguna mención a la solución cianurada altamente contaminante y ampliamente utilizada en la explotación del oro. El investigador Edgardo Lander, al ser interrogado sobre los posibles métodos extractivos, consideró que es poco probable que exista otra opción diferente al uso masivo del cianuro, debido a que éste se ha convertido hoy en el estándar global de cómo se opera la minería del oro a gran escala.
La creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) en enero de 2016 y la denominada “Masacre de Tumeremo” denunciada a inicios de marzo del mismo año, son dos hechos aparentemente inconexos que parecen converger en el Decreto N° 2.248. El primero autoriza una empresa nueva, militar, a ejercer la minería en el sur del país junto a la estatal Minerven. Del resto, toda minería se asume como ilegal, aunque esto no ha impedido una situación de facto estos últimos años en el Arco Minero. Una situación en la que se han visto implicados cabecillas de distintos Penales o Centros Penitenciarios del país, dentro del argot venezolano conocidos como “Pranes” y el aval de estos por las Fuerzas Armadas y la Gobernación del estado Bolívar.
Es de suma importancia recalcar que toda la zona que se define como perteneciente al Arco Minero del Orinoco además de estar poblada casi en su totalidad por etnias indígenas, vegetación y fauna que solamente se pueden encontrar en esta parte del mundo y con más precisión en el hermoso Estado Bolívar, su espacio geográfico corresponde o es equivalente al 12,2% del territorio nacional.
Organizaciones indígenas del estado Amazonas alegan que la promoción de proyectos mineros en el sector vulneran y violan sus garantías constitucionales. Las comunidades denuncian que la invasión a sus tierras ocasionará que los modos de vida practicados por sus pueblos serán afectados irreversiblemente por la actividad minera ya anteriormente mencionada. Los pueblos víctimas del proyecto en el estado Bolívar son: Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawako, Yekwana, Sanema y Pemón; los cuales se encuentran dentro del territorio del Arco Minero. También sufrirán daños significativos comunidades indígenas cercanas del Estado Amazonas y Delta Amacuro. Desde que éste Decreto fue promulgado, centenares de grupos ambientalistas, personalidades de la sociedad civil, académicos y políticos se han opuesto a este plan. Estos grupos alegan que estas actividades mineras en esta zona del país, traerían consecuencias ambientales de tal magnitud que generarían un ecocidio, o incluso algo peor.
Se argumenta que esta zona es portadora de reservas minerales con un valor enorme para la diversificación económica del país, denotándose en sus adyacencias inmensas cantidades de oro, según estimaciones, un aproximado de siete mil millones de toneladas del mineral aurífero se calcula extraer, además de diamantes, hierro, bauxita, coltán y cobre, por mencionar algunos de los otros minerales que se pretende explotar y enfatizando la importancia de este proyecto para el crecimiento económico de la nación, pues sin embargo, el daño que puede ocasionar o que ya está ocasionando la explotación, por los momentos ilegal, de minerales en el Arco Minero se considera injustificable para alcanzar un desarrollo sostenible que tanto le urge a Venezuela.
Desde el punto de vista jurídico, el proyecto ya convertido en Decreto por parte del Ejecutivo Nacional contradice toda norma nacional e internacional vigente, el Gobierno Venezolano a través de la delicada problemática situacional vista desde el ámbito económico, social, cultural y político busca silenciar toda causa y consecuencia que genere el proyecto y que de manera tal perjudique al medio ambiente.
Las repercusiones de estos actos podrán verse en países como Brasil, Ecuador y Perú, que poseen más extensiones de territorio perteneciente a la Amazonia, pero el verdadero riesgo lo padece la población y los ecosistemas venezolanos, se calculan entre 50 a 100 años para recuperar el medio ambiente perjudicado, sin embargo, se debe ser consciente que el impacto sería a nivel global, acrecentado la ya palpable crisis ambiental existente. Se considera al proyecto como una grave violación a los Derechos Humanos consagrados de forma fundamental en el Titulo III: De los Deberes, Derechos Humanos y Garantías de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus Capítulos VIII y IX, así como también en Leyes Orgánicas que enmarcan el cumplimiento de normas y preceptos especiales, establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano.
Con el mencionado Decreto, el Estado Venezolano viola el derecho a la consulta reconocido en el artículo 120 de la Constitución, así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por la República Bolivariana de Venezuela en el año 2001. Diversos sectores del país han alzado su voz en contra de la aprobación de este proyecto por considerar que ha revertido decisiones inconsultas y poco meditadas entorno al porvenir del país. Han criticado que se le pretenda tildar de prácticas eco-socialistas cuando trae consigo grandes impactos ambientales para el país.
Es fácilmente cuestionable la decisión del Gobierno Venezolano con respecto a la explotación en el Arco Minero, debido a que en esta situación particular, se puede palpar de tal manera la voracidad retribuyente en lo que al generar dividendos respecta y el poco interés de ciertos Organismos Gubernamentales en implementar políticas amigables y desarrollar proyectos e iniciativas que fortalezcan la preservación y cuidado de infinidades de ecosistemas encontrados en el territorio nacional y la preservación de ciertas etnias indígenas y sus tradiciones culturales, cuyas raíces originarias representan a todos los venezolanos, conociendo la existencia de vías legales, procesales, sustentables y de bajo impacto ambiental.
De forma concreta y desde un punto de vista contextual se considera el núcleo del problema a la práctica forzada y tentativa poco meditada que los Organismos Gubernamentales de forma imperativa pretenden imponer, valga la redundancia, para la implementación de estos métodos que con ellos de manera contraproducente generan causas, consecuencias y resultados poco beneficiosos para el desarrollo del ambiente y la sociedad.
Se considera que es completamente necesaria la concientización ambiental, puesto que, este tema, al ser un tema relativamente nuevo, a pesar de existir información suficiente, no es de conocimiento general de la población venezolana y mucho menos en el sector de la educación básica, esto es preocupante en muchos aspectos debido a que, serán esas nuevas generaciones quienes heredarán ésta problemática en la que tanto se ha hecho hincapié. Gracias a la poca cobertura que se le da a nivel de medios de comunicación, es un tema, como se mencionó anteriormente, de poco conocimiento público, pues el objetivo principal debería ser, por definición y en base a los variables, demostrar la inviabilidad de este proyecto y evitar que se convierta en un factor alterante de la biodiversidad que existe en esta extensión de territorio.
Hay que tener en cuenta que esta porción de territorio contiene la mitad de las formas de vida que se conocen en el planeta tierra, además se calcula que entre el 36% y el 57% de las especies arbóreas en el área están en peligro de extinción, esto sin tomar en cuenta la importancia de recursos como el agua, las Reservas Forestales como El Caura, con más de 5 millones de hectáreas, Imataca, con más de 3,8 millones de hectáreas, además de Parques Nacionales como Canaima y Monumentos Naturales que serán afectados como el Cerro Guanay y el majestuoso Salto Ángel, conocido como la caída de agua más alta del planeta.
Recuerda María Tina Oliveira, directora de Análisis y Desarrollo de Provita, Asociación Civil sin fines de lucro creada en febrero de 1987 con la finalidad de ser una alternativa para combatir la perdida de la biodiversidad en Venezuela y demostrar que el desarrollo del ser humano es compatible con la conservación de la naturaleza, “ante eventos de deforestación, o pérdida de bosques por acción humana, habrá una gran diferencia en cuanto a los tiempos de recuperación de la cobertura forestal entre las distintas regiones, mientras en Ecuador o Brasil, por citar dos ejemplos, el inicio de esa recuperación se evidenciará, si se detienen las actividades destructivas, en unos 10 años, en Venezuela probablemente pasen 50, 100 años o tal vez nunca tenga lugar.”
Partiendo desde una opinión crítica en base a los conocimientos adquiridos, se puede decir que la aprobación del Decreto del Arco Minero del Orinoco trae consigo una autorización dada por parte del Ejecutivo Nacional para la explotación de una importante extensión de territorio. Según el Estado, el objetivo del Decreto es desligar al país del modelo rentista petrolero, pero lo que no se dice es que se estará entrando a un modelo rentista minero que es muchísimo peor, no hay forma de minería en el mundo que no sea nociva y perjudicial para el medio ambiente, la ejecución o la puesta en escena de este Decreto es dar por sentado la destrucción del patrimonio natural, cultural y étnico.
Los venezolanos tienen en sus bosques la llave para salir de la crisis ambiental que los azota de manera voraz, en especial dentro de los bosques de Guayana, son ellos quienes se encargan de sepultar hasta 300 toneladas de dióxido de carbono por hectárea, tal como lo documentó la encuestadora Datanalisis en septiembre de 2009 en colaboración con algunas organizaciones ambientales sin fines de lucro, solo por resaltar uno de tantos aspectos positivos que se pueden seleccionar, por esto y mucho más se hace énfasis en la protección de cada uno de los casi 112.000 kilómetros cuadrados de extensión que pretenden ser destinados a la explotación indiscriminada por parte del Gobierno Nacional y unos tantos extranjeros incentivados únicamente por la codicia y con el fin de reactivar una economía moribunda.
El proyecto del Arco Minero del Orinoco resulta ser un plan de explotación minera insostenible e intolerable para el desarrollo sustentable de la nación, convirtiéndose éste en un Decreto inmediatista por parte del Estado venezolano que solo traerá como consecuencia el aumento de la corrupción administrativa de diversos órganos competentes en regular la materia, tomando como referencia concreta los escándalos de corrupción acontecidos anteriormente en el país, la evidente mala administración de los recursos, ejemplo más destacable con la situación del petróleo o hidrocarburo fundamental venezolano, su desvalorización y decaimiento de la economía que gira en torno a él y el agotamiento de un desgastado modelo extractivista y rentista que ha marcado a Venezuela en las últimas décadas.
En base a encuestas y estudios realizados por el Congreso Internacional de Transparencia y otras Organizaciones encargadas e interesadas en el estudio y comprensión de estos datos, en base a 177 países encuestados y analizados, Venezuela se ubica en el puesto 174, siendo el segundo país más corrupto de América Latina solo superado por Haití, y el cuarto más corrupto en el mundo.
Dentro de la problemática principal a la que se le dedica tal enfoque, es decir, el impacto ambiental y social producto de las actividades mineras en la zona del Arco Minero del Orinoco, es necesario el afianzamiento y reforzamiento de los valores sociales que vayan de la mano con la concientización y preservación ambiental, ya que se considera que el medio ambiente es uno de los recursos más importantes o el más importante para que todas las especies puedan subsistir en perfecta armonía y creando interacciones y relaciones con los elementos que conforman.
La importancia del medio ambiente estriba en el hecho de que todas las formas de vida toman lugar en él, por lo cual su cuidado y preservación debería ser uno de los elementos primordiales de la acción humana. No obstante, la importancia que sostiene tal estudio radica en plasmar los conocimientos encontrados afines con el tema para su mayor comprensión, destacando su relevancia como uno de los temas más polémicos y controversiales que se han abordado en lo que a materia ambiental respecta en los últimos años. Visto tal articulo más allá desde un punto de vista material, los aportes o beneficios que éste genera son la concientización de una realidad en contexto que afecta a toda una sociedad y la sensibilización de la misma para la obtención de herramientas útiles que conlleven a una solución eficaz para dicha problemática.
En base a los principios de Universalidad, Responsabilidad, Indivisibilidad y Participación regentes de los Derechos Humanos, se considera que el proyecto del Arco Minero resulta controversial en cuanto a la problemática que este representa en lo que al medio ambiente, sociedad y tradiciones culturales respecta debido a que los efectos de estas actividades mineras resultan perjudiciales para los ecosistemas en donde se practican, afectando a las comunidades aledañas a la zona, por tal razón se considera que el proyecto es inviable, legal, moral y jurídicamente hablando ya que no se persigue el fin social común, y no se cumplen con los principios anteriormente mencionados.
EL ARCO MINERO DEL ORINOCO Y SU POLÉMICA CONTROVERSIAL
Por RONALD GUEDEZ SILVA
Licenciado en Leyes y
Ciencias Jurídicas
ronaldguedez1995@gmail.com
La minería es una actividad económica, representada por la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y en las diversas inmediaciones de un ecosistema perfectamente variado. La minería es una actividad bastante antigua en el quehacer del hombre y en base a ella se han creado desde poblados hasta economías complejas en distintas partes del mundo. Lo cierto del asunto es que no siempre todo es bueno y progresivo, en muchas ocasiones estas actividades mineras son realizadas de manera imdiscriminada e ilegal, arrasando todo ante ellas y creando un caos total por donde quiera que se practique, tanto a nivel ambiental, social, económico y hasta cultural.
Con el fin de fomentar el debate y que se tome la decisión que mejor contribuya con el desarrollo sostenible de Venezuela, es necesario entender si la minería es una actividad tan devastadora como se teme. Según la Guía para la Evaluación de Proyectos Mineros del grupo ELAW, los proyectos mineros pueden separarse en ocho grandes fases: exploración, desarrollo, explotación de la mina, disposición del desmonte o desecho de roca, extracción del mineral, procesamiento del mineral, disposición de relaves y rehabilitación y cierre.
En julio de 2011, el ex Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías destacó la existencia de una amplia variedad de minerales de alto valor comercial que podrían diversificar la economía de la nación en una importante extensión de territorio de la región Guayanés.
Con el nombre Arco Minero del Orinoco (AMO) fue denominado el Decreto N° 2.248 (Gaceta Oficial N° 40.855) ordenado por el actual presidente Nicolás Maduro Moros el 24 de febrero del año 2016, que autoriza el desarrollo de la explotación minera en un vasto territorio que se extiende por los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, más específicamente al norte de Bolívar y al sur del imponente Rio Orinoco, cuyo valor natural es realmente inmenso para el desarrollo humano y natural de la región.
El Arco Minero es definido de forma calificativa como una extensión de territorio poseyente de un alto potencial minero para su explotación, pues más particularmente se trata de un proyecto de inversión para la sustracción de minerales de importante valor comercial para el país, cuyo territorio será ocupado por decenas y decenas de Transnacionales megamineras. Su extensión territorial se cuantifica en 111.843,70 kilómetros cuadrados, es decir, capaz de duplicar la extensión de la Faja Petrolífera del Orinoco, visto esto desde otra perspectiva, equivale a la suma de los Estados Zulia y Guárico. Esta extensión que será el foco de explotación representa un territorio mayor a países como Cuba, Panamá, Portugal o Bulgaria, por mencionar algunos ejemplos.
El Plan de Inversión involucraría a 35 países de los que solo han sido mencionados Canadá, China, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Estados Unidos, El Congo, Inglaterra, Alemania y Suiza, y a más de 150 empresas de las que sólo han sido dadas a conocer las chinas Camc Engeerering CO. y Yakuang Group, y la canadiense Golden Reserve, que retornó al país luego de ser suspendida su concesión en 2009 por incumplimientos graves en su contrato, esto en consideración del ya extinto Ministerio del Ambiente, quien fue éste mismo órgano a cargo de Ana Elisa Osorio el encargado de retirar las concesiones a la mencionada Gold Reserve y a Crystallex. Por otra parte, el esquema de inversión propuesto para los inversionistas es la creación de empresas mixtas, en las cuales el Estado sea titular del 55% de las acciones y tenga igual porcentaje del total de las ganancias.
Poco se conoce sobre la metodología que emplearán las empresas en la explotación del suelo. El presidente Nicolás Maduro firmó un Decreto que prohíbe absolutamente el uso del mercurio en las actividades mineras en Venezuela. Sin embargo, no ha hecho alguna mención a la solución cianurada altamente contaminante y ampliamente utilizada en la explotación del oro. El investigador Edgardo Lander, al ser interrogado sobre los posibles métodos extractivos, consideró que es poco probable que exista otra opción diferente al uso masivo del cianuro, debido a que éste se ha convertido hoy en el estándar global de cómo se opera la minería del oro a gran escala.
La creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) en enero de 2016 y la denominada “Masacre de Tumeremo” denunciada a inicios de marzo del mismo año, son dos hechos aparentemente inconexos que parecen converger en el Decreto N° 2.248. El primero autoriza una empresa nueva, militar, a ejercer la minería en el sur del país junto a la estatal Minerven. Del resto, toda minería se asume como ilegal, aunque esto no ha impedido una situación de facto estos últimos años en el Arco Minero. Una situación en la que se han visto implicados cabecillas de distintos Penales o Centros Penitenciarios del país, dentro del argot venezolano conocidos como “Pranes” y el aval de estos por las Fuerzas Armadas y la Gobernación del estado Bolívar.
Es de suma importancia recalcar que toda la zona que se define como perteneciente al Arco Minero del Orinoco además de estar poblada casi en su totalidad por etnias indígenas, vegetación y fauna que solamente se pueden encontrar en esta parte del mundo y con más precisión en el hermoso Estado Bolívar, su espacio geográfico corresponde o es equivalente al 12,2% del territorio nacional.
Organizaciones indígenas del estado Amazonas alegan que la promoción de proyectos mineros en el sector vulneran y violan sus garantías constitucionales. Las comunidades denuncian que la invasión a sus tierras ocasionará que los modos de vida practicados por sus pueblos serán afectados irreversiblemente por la actividad minera ya anteriormente mencionada. Los pueblos víctimas del proyecto en el estado Bolívar son: Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawako, Yekwana, Sanema y Pemón; los cuales se encuentran dentro del territorio del Arco Minero. También sufrirán daños significativos comunidades indígenas cercanas del Estado Amazonas y Delta Amacuro. Desde que éste Decreto fue promulgado, centenares de grupos ambientalistas, personalidades de la sociedad civil, académicos y políticos se han opuesto a este plan. Estos grupos alegan que estas actividades mineras en esta zona del país, traerían consecuencias ambientales de tal magnitud que generarían un ecocidio, o incluso algo peor.
Se argumenta que esta zona es portadora de reservas minerales con un valor enorme para la diversificación económica del país, denotándose en sus adyacencias inmensas cantidades de oro, según estimaciones, un aproximado de siete mil millones de toneladas del mineral aurífero se calcula extraer, además de diamantes, hierro, bauxita, coltán y cobre, por mencionar algunos de los otros minerales que se pretende explotar y enfatizando la importancia de este proyecto para el crecimiento económico de la nación, pues sin embargo, el daño que puede ocasionar o que ya está ocasionando la explotación, por los momentos ilegal, de minerales en el Arco Minero se considera injustificable para alcanzar un desarrollo sostenible que tanto le urge a Venezuela.
Desde el punto de vista jurídico, el proyecto ya convertido en Decreto por parte del Ejecutivo Nacional contradice toda norma nacional e internacional vigente, el Gobierno Venezolano a través de la delicada problemática situacional vista desde el ámbito económico, social, cultural y político busca silenciar toda causa y consecuencia que genere el proyecto y que de manera tal perjudique al medio ambiente.
Las repercusiones de estos actos podrán verse en países como Brasil, Ecuador y Perú, que poseen más extensiones de territorio perteneciente a la Amazonia, pero el verdadero riesgo lo padece la población y los ecosistemas venezolanos, se calculan entre 50 a 100 años para recuperar el medio ambiente perjudicado, sin embargo, se debe ser consciente que el impacto sería a nivel global, acrecentado la ya palpable crisis ambiental existente. Se considera al proyecto como una grave violación a los Derechos Humanos consagrados de forma fundamental en el Titulo III: De los Deberes, Derechos Humanos y Garantías de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus Capítulos VIII y IX, así como también en Leyes Orgánicas que enmarcan el cumplimiento de normas y preceptos especiales, establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano.
Con el mencionado Decreto, el Estado Venezolano viola el derecho a la consulta reconocido en el artículo 120 de la Constitución, así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por la República Bolivariana de Venezuela en el año 2001. Diversos sectores del país han alzado su voz en contra de la aprobación de este proyecto por considerar que ha revertido decisiones inconsultas y poco meditadas entorno al porvenir del país. Han criticado que se le pretenda tildar de prácticas eco-socialistas cuando trae consigo grandes impactos ambientales para el país.
Es fácilmente cuestionable la decisión del Gobierno Venezolano con respecto a la explotación en el Arco Minero, debido a que en esta situación particular, se puede palpar de tal manera la voracidad retribuyente en lo que al generar dividendos respecta y el poco interés de ciertos Organismos Gubernamentales en implementar políticas amigables y desarrollar proyectos e iniciativas que fortalezcan la preservación y cuidado de infinidades de ecosistemas encontrados en el territorio nacional y la preservación de ciertas etnias indígenas y sus tradiciones culturales, cuyas raíces originarias representan a todos los venezolanos, conociendo la existencia de vías legales, procesales, sustentables y de bajo impacto ambiental.
De forma concreta y desde un punto de vista contextual se considera el núcleo del problema a la práctica forzada y tentativa poco meditada que los Organismos Gubernamentales de forma imperativa pretenden imponer, valga la redundancia, para la implementación de estos métodos que con ellos de manera contraproducente generan causas, consecuencias y resultados poco beneficiosos para el desarrollo del ambiente y la sociedad.
Se considera que es completamente necesaria la concientización ambiental, puesto que, este tema, al ser un tema relativamente nuevo, a pesar de existir información suficiente, no es de conocimiento general de la población venezolana y mucho menos en el sector de la educación básica, esto es preocupante en muchos aspectos debido a que, serán esas nuevas generaciones quienes heredarán ésta problemática en la que tanto se ha hecho hincapié. Gracias a la poca cobertura que se le da a nivel de medios de comunicación, es un tema, como se mencionó anteriormente, de poco conocimiento público, pues el objetivo principal debería ser, por definición y en base a los variables, demostrar la inviabilidad de este proyecto y evitar que se convierta en un factor alterante de la biodiversidad que existe en esta extensión de territorio.
Hay que tener en cuenta que esta porción de territorio contiene la mitad de las formas de vida que se conocen en el planeta tierra, además se calcula que entre el 36% y el 57% de las especies arbóreas en el área están en peligro de extinción, esto sin tomar en cuenta la importancia de recursos como el agua, las Reservas Forestales como El Caura, con más de 5 millones de hectáreas, Imataca, con más de 3,8 millones de hectáreas, además de Parques Nacionales como Canaima y Monumentos Naturales que serán afectados como el Cerro Guanay y el majestuoso Salto Ángel, conocido como la caída de agua más alta del planeta.
Recuerda María Tina Oliveira, directora de Análisis y Desarrollo de Provita, Asociación Civil sin fines de lucro creada en febrero de 1987 con la finalidad de ser una alternativa para combatir la perdida de la biodiversidad en Venezuela y demostrar que el desarrollo del ser humano es compatible con la conservación de la naturaleza, “ante eventos de deforestación, o pérdida de bosques por acción humana, habrá una gran diferencia en cuanto a los tiempos de recuperación de la cobertura forestal entre las distintas regiones, mientras en Ecuador o Brasil, por citar dos ejemplos, el inicio de esa recuperación se evidenciará, si se detienen las actividades destructivas, en unos 10 años, en Venezuela probablemente pasen 50, 100 años o tal vez nunca tenga lugar.”
Partiendo desde una opinión crítica en base a los conocimientos adquiridos, se puede decir que la aprobación del Decreto del Arco Minero del Orinoco trae consigo una autorización dada por parte del Ejecutivo Nacional para la explotación de una importante extensión de territorio. Según el Estado, el objetivo del Decreto es desligar al país del modelo rentista petrolero, pero lo que no se dice es que se estará entrando a un modelo rentista minero que es muchísimo peor, no hay forma de minería en el mundo que no sea nociva y perjudicial para el medio ambiente, la ejecución o la puesta en escena de este Decreto es dar por sentado la destrucción del patrimonio natural, cultural y étnico.
Los venezolanos tienen en sus bosques la llave para salir de la crisis ambiental que los azota de manera voraz, en especial dentro de los bosques de Guayana, son ellos quienes se encargan de sepultar hasta 300 toneladas de dióxido de carbono por hectárea, tal como lo documentó la encuestadora Datanalisis en septiembre de 2009 en colaboración con algunas organizaciones ambientales sin fines de lucro, solo por resaltar uno de tantos aspectos positivos que se pueden seleccionar, por esto y mucho más se hace énfasis en la protección de cada uno de los casi 112.000 kilómetros cuadrados de extensión que pretenden ser destinados a la explotación indiscriminada por parte del Gobierno Nacional y unos tantos extranjeros incentivados únicamente por la codicia y con el fin de reactivar una economía moribunda.
El proyecto del Arco Minero del Orinoco resulta ser un plan de explotación minera insostenible e intolerable para el desarrollo sustentable de la nación, convirtiéndose éste en un Decreto inmediatista por parte del Estado venezolano que solo traerá como consecuencia el aumento de la corrupción administrativa de diversos órganos competentes en regular la materia, tomando como referencia concreta los escándalos de corrupción acontecidos anteriormente en el país, la evidente mala administración de los recursos, ejemplo más destacable con la situación del petróleo o hidrocarburo fundamental venezolano, su desvalorización y decaimiento de la economía que gira en torno a él y el agotamiento de un desgastado modelo extractivista y rentista que ha marcado a Venezuela en las últimas décadas.
En base a encuestas y estudios realizados por el Congreso Internacional de Transparencia y otras Organizaciones encargadas e interesadas en el estudio y comprensión de estos datos, en base a 177 países encuestados y analizados, Venezuela se ubica en el puesto 174, siendo el segundo país más corrupto de América Latina solo superado por Haití, y el cuarto más corrupto en el mundo.
Dentro de la problemática principal a la que se le dedica tal enfoque, es decir, el impacto ambiental y social producto de las actividades mineras en la zona del Arco Minero del Orinoco, es necesario el afianzamiento y reforzamiento de los valores sociales que vayan de la mano con la concientización y preservación ambiental, ya que se considera que el medio ambiente es uno de los recursos más importantes o el más importante para que todas las especies puedan subsistir en perfecta armonía y creando interacciones y relaciones con los elementos que conforman.
La importancia del medio ambiente estriba en el hecho de que todas las formas de vida toman lugar en él, por lo cual su cuidado y preservación debería ser uno de los elementos primordiales de la acción humana. No obstante, la importancia que sostiene tal estudio radica en plasmar los conocimientos encontrados afines con el tema para su mayor comprensión, destacando su relevancia como uno de los temas más polémicos y controversiales que se han abordado en lo que a materia ambiental respecta en los últimos años. Visto tal articulo más allá desde un punto de vista material, los aportes o beneficios que éste genera son la concientización de una realidad en contexto que afecta a toda una sociedad y la sensibilización de la misma para la obtención de herramientas útiles que conlleven a una solución eficaz para dicha problemática.
En base a los principios de Universalidad, Responsabilidad, Indivisibilidad y Participación regentes de los Derechos Humanos, se considera que el proyecto del Arco Minero resulta controversial en cuanto a la problemática que este representa en lo que al medio ambiente, sociedad y tradiciones culturales respecta debido a que los efectos de estas actividades mineras resultan perjudiciales para los ecosistemas en donde se practican, afectando a las comunidades aledañas a la zona, por tal razón se considera que el proyecto es inviable, legal, moral y jurídicamente hablando ya que no se persigue el fin social común, y no se cumplen con los principios anteriormente mencionados.
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| La minería ilegal abunda en esta región de Venezuela. Fotografía tomada de Internet para reutilización no comercial. |
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